Desde la Economía Política,
Política Económica y Política
Social una propuesta para el Plan
de Desarrollo y Pacto por México
Raúl Rueda Pérez *
Resumen
ejecutivo
Desde
la economía política, la respuesta en cuanto a las necesidades de existencia,
en una economía de mercado, las medidas en política económica implementadas, ha
sido insuficiente para la población marginada del desarrollo y en pobreza. Los indicadores que apuntan sobre
las condiciones materiales, capacidades del individuo, de cubrir una calidad de
vida mejor, el nivel de vida así lo reflejan. De aquí la consideración que el
cambio en el país debe tener una respuesta social a largo plazo, una
participación importante de la ciudadanía, por ende el apoyo desde el ámbito
federal, para proponer e impulsar los cambios.
El
argumento, el análisis, la opinión de actores que apuntan sobre una
posible opción o alternativa de solución
que abone hacia los beneficios al sujeto social, discurre en los siguientes
puntos:
1.
Antecedente.
Política Económica y Social
2.
Discusión sobre el papel del Estado en
el desarrollo
3.
Economía
política: un apunte necesario
4.
Recomendación,
Sugerencia, Propuesta a Construir
Participación
ciudadana alrededor de las propuestas y soluciones, mismo que se marcan en el Pacto
por México y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, para dar cauce al
crecimiento y desarrollo que se
requiere, de las necesidades y problemas sociales, por ello el cuestionamiento
siguiente:
¿Cómo
se logra impactar de manera efectiva en el país una disminución de la
desigualdad y pobreza?
¿Realmente
se está dispuesto a ceder por el gobierno, a que la ciudadanía participe?
¿Cómo puede participar
la ciudadanía?
Entender
las políticas públicas para apoyar las diferentes disposiciones legales
aprobadas en el congreso, la construcción de las respectivas leyes secundarias.
Lo
referente al derecho a la alimentación, la salud, educación; desde el sujeto de
cambio y del sujeto transformador. Reflexión sobre dos ejes que impulsen el
crecimiento: la cuestión del petróleo y el impulso al turismo
Las
formas de organización gubernamental para mejorar la eficiencia y eficacia en
la administración pública en sus tres niveles. Y repercuta en los planes y
programas a implementar.
Participación
ciudadana ordenada, a través de un Observatorio Ciudadano, en comunicación
directa con el ejecutivo federal. Desde ahí la construcción de la propuesta del
Consejo Social y Económico, en comunicación y participación ciudadana, con
trabajo multidisciplinario e interinstitucional, de propuestas que ofrezcan
alternativas para el país.
Desde
la Economía Política, Política Económica y Política
Social una propuesta para el Plan
de Desarrollo y Pacto por México
Raúl Rueda Pérez *
Resumen
Desde la economía
política, la respuesta en cuanto a las necesidades de existencia, en una
economía de mercado, las medidas en política económica implementadas, ha sido
insuficiente para la población marginada del desarrollo y en pobreza. Los indicadores que apuntan sobre las
condiciones materiales, capacidades del individuo, de cubrir una calidad de
vida mejor, el nivel de vida así lo reflejan. De aquí la consideración que el
cambio en el país debe tener una respuesta social a largo plazo, una
participación importante de la ciudadanía, por ende el apoyo desde el ámbito
federal, para proponer e impulsar los cambios.
Palabras
clave: economía política, política económica, política
social, desigualdad, pobreza, organizaciones sociales, participación ciudadana.
Clasificación
JEL: I18, I31, I38, J38, O23, P16, P36
1.
Antecedente.
Política Económica y Social
Política Económica
Sí entendemos la
Política Económica como las acciones que el gobierno emprende para conducir la
economía hacia objetivos y metas determinados (crecimiento económico, estabilidad de precios, equilibrio fiscal y
externo, distribución del ingreso), grado de intervención que el Estado
decide efectuar sobre la economía (CEFP,
2006). Que integra acciones en Política Fiscal y Monetaria para coadyuvar a
crear las condiciones para el incremento de empleo y producción; de ser
necesario a contrarrestar las distorsiones en los mercados, estabilidad de
precios y controlar la inflación.
Política fiscal a través de la política
de ingreso y gasto que busca mejorar la distribución del ingreso, los efectos
negativos de la concentración económica. Política monetaria que se encuentra en
la disyuntiva, de que quien la ejerce (el banco central) no le es posible
controlar directamente los precios de todos los productos y servicios de la
economía, razón por la cual, para poder mantener la estabilidad de precios,
definen un conjunto de metas, acciones e instrumentos para controlar la moneda
y el crédito, con el propósito fundamental de mantener la estabilidad económica
del país y evitar una balanza de pagos adversa, control que se establece
mediante la estructura de los tipos de interés, el control de los movimientos
internacionales de capital, el control de las condiciones de los créditos para
las compras a plazo, controles generales o selectivos sobre las actividades de préstamo de los bancos y otras
instituciones financieras, y sobre las emisiones de capital.
Porque dentro de dicha política se
inserta el control salarial, el cual como tal no se considera en la misma pero
se ejerce el aumento salarial general en función de la inflación, primero en
razón del incremento que genero la crisis del momento, o por la expectativa de inflación.
Poder adquisitivo del Salario Mínimo, que
según Aguirre Botello, crece de manera estable y por arriba de la inflación
entre 1940 y 1970, para llegar en 1970 a un nivel de $32.00 pesos viejos
(equivalente a $152.00 diarios en 2005), que a partir de 1976 y hasta el
presente su perdida en la actualidad, apenas compra el 31% de lo que compraba
en 1970.
Lo que repercute sobre el precio de la
Canasta Básica Constitucional Integral (CBCI) para una familia promedio en
México, canasta que para el año 2012, tiene un costo diario de $940.00 para
cubrir todas las necesidades que marca la constitución, considerando que los bienes
y productos de primera calidad, equivalen a 15.08 salarios mínimos diarios; lo
que significa que solamente el 1.8% (2 millones 34 mil 987 personas) de la
población total del país puede comprar la CBCI diariamente, mientras el 98.2%
no la puede adquirir o no puede aspirar a tener un nivel de vida de acuerdo a
la constitución (Reporte Empleo y Salario, UNAM).
Política social
Desde la perspectiva histórica, todas
las políticas sociales han tenido como principal objetivo paliar, revertir o
prevenir la pobreza absoluta o relativa de la población aunque la superación de
las condiciones y situaciones de pobreza exijan, además de las políticas sociales,
cambios estructurales y un cierto grado de desarrollo socioeconómico.
Como objeto de la política pública la
política social es promovida desde el Estado, la que se sustenta por diversas
fuentes de financiamiento, principalmente por el gasto público, del presupuesto
público que está, por tanto, relacionado con los ingresos del Estado y la
capacidad fiscal de este para sustentarlo. En la medida en que la estrategia de
desarrollo es objeto de planificación, la política social es considerada también
en estos términos, dentro de la planificación socioeconómica (Valdés y Espina,
2011).
Cuando se observa la política social
desde los gobiernos estatales, es a través de dos rubros, la educación y la
salud; Los gobiernos municipales su acceso a los recursos fiscales a través de
las denominadas aportaciones y participaciones. Sin embargo las políticas
descentralizadoras de los programas sociales, desaparecen en los espacios
municipales para la atención de la pobreza, dejándolos al margen de la toma de
decisiones para atender a la población más vulnerable en sus territorios (Cogco
et al, 2010), un ejemplo palpable en la actualidad es el programa de la lucha
contra la pobreza para 400 municipios, recién implementada por el actual
gobierno (2013), mismo que tiene una presencia casi en su totalidad de todas
las Secretarias de Estado.
A pesar de ello, la descentralización,
focalización y redireccionamiento del gasto, nos dicen, han sido una constante
en las acciones del sector público para atender a la población más vulnerable a
partir de iniciado los años ochenta. Afirmando que es la descentralización la
que ha cobrado gran relevancia, sobre todo, a nivel municipal. Aunque con características
duales, por un lado, los cambios estructurales que involucran al municipio como
unidad territorial y, su papel
revalorizado como tomador de decisiones para la atención de su
población; Por otro, esta redefinición no coincide con la disponibilidad de un
mayor presupuesto que permita el desarrollo de las nuevas responsabilidades.
Pero sí vemos la totalidad municipal, ¿cómo
hacer para que los programas sean efectivos? Sí se tiene 2,456 municipios, de
los cuales, el 7% tienen más de 50,000 habitantes, un 13% entre 10 y 50,000, un
19% entre 2,500 y 10,000, mientras el 61 % restante cuenta con menos de 2,500
habitantes. O al considerar la relación entre el número de habitantes y los
recursos de la administración municipal; los municipios con mayor población
tienen un promedio de 1,600 trabajadores y un plan de desarrollo, mientras que
los de menor población tienen en promedio 60 empleados (en algunos casos menos
de 20) y sólo una quinta parte cuenta con un plan de desarrollo. De la misma
forma, el grado de autonomía de los gobiernos municipales difiere según el
número de habitantes, dado que los de mayor población obtienen casi la mitad de
sus ingresos de impuestos y derechos locales, mientras los demás provienen de
transferencias del gobierno federal (Cabrero y Orihuela, 2002)1/.
Finalmente este es el reto de la
política social sí se quiere reducir la pobreza en lo general. Porque a través
de la misma, desde cuando se define esta como política o antes, el resultado ha
sido magro o poco contundente, porque la presencia de la pobreza ha ido en
aumento, incluso tomando en cuenta la medición oficial, ver cuadros siguientes.
Cuadro 1. Incidencia de la pobreza en México 1960 a 1999.
Millones
Año 1960 1970
1977 1981 1982
1984 1989 1994
1998 1999
Población
27.5 31.2 34.3
32.3 65.8 69.4
79.2 89.4 96.8
98.5
en pobreza
Fuente:
La Jornada, 23 Noviembre de 1999, pagina. 22 y 25 de Febrero de 2000, pagina
27.
Cuadro 2. Proporción de población pobre
en zonas rurales y urbanas
en México, 2000
Porcentaje del total de hogares
Urbano 9.8
Pobreza
alimentaría Rural 34.1
Nacional 18.6
Urbano 16.2
Pobreza
de capacidades Rural 41.4
Nacional 25.3
Urbano 37.4
Pobreza
de patrimonial Rural 60.7
Nacional 45.9
Porcentaje del
total de personas
Urbano 12.6
Pobreza
alimentaría Rural 42.4
Nacional 24.2
Urbano 20.2
Pobreza
de capacidades Rural 50.0
Nacional 31.9
Urbano 43.8
Pobreza
de patrimonio Rural 69.3
Nacional 53.7
 |
Fuente:
elaborado a través de datos de la Secretaria de Prospectiva, Planeación y
Evaluación de la Secretaria de Desarrollo Social, publicado en Perfil de la
Jornada, 19 de Agosto de 2002.
Esto a pesar de la descentralización porque
no ha ayudado a los gobiernos locales
para operar en sus territorios. Porque las acciones de los programas
diseñados por entidades del gobierno federal, estatal y municipal, los recursos
gubernamentales que provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF), particularmente del Ramo 33 y del Ramo 20, sólo participan como
implementadores de las labores que se aplican en sus espacios, reduciendo la
eficacia gubernamental cuando las operaciones no son transmitidas adecuadamente
o suficientemente supervisadas. Y cuando se verifica la implementación de
funciones para actuar de manera directa; también la eficacia resulta afectada
ante las deficiencias en el diseño -sin un diagnóstico pertinente- o en la
carencia de evaluación de los resultados.
Porque cuando se observan a los
Ayuntamientos, frecuentemente muestran dificultades derivadas de la
administración de los recursos humanos, misma que tiene que ver con las
capacidades operativas y humanas para operar acciones de manera autónoma. Las que
ejercen su impacto al estar directamente vinculadas con la eficiencia de las
acciones que emprenden.
Por eso, los diversos programas con
ciertos niveles de descentralización, así como las acciones autónomas que
desarrollan los Ayuntamientos, se ven influidas por la capacidad técnica y
humana para atender las nuevas atribuciones que le son transferidas a las
administraciones locales. La limitada capacidad institucional de los municipios
y su mayor grado de marginación, encuentran dificultades operativas para
desarrollar con éxito los compromisos contraídos.
Pero también los municipios con un alto
nivel de desarrollo humano y baja marginación, pueden tener problemas
relacionados a la sensibilidad de los funcionarios municipales; al conocimiento
de las reglas de operación de aquellos programas donde participa el
Ayuntamiento; así como en el seguimiento y evaluación de las tareas que se desarrollan
desde su administración.
Circunstancia municipal que trae consigo
la desigualdad que provoco el tratamiento a través de políticas públicas (1930-2000)
que abandonaron las consideraciones hacia los grupos campesinos y rurales
(Villarespe, 2001). La implementación de políticas proteccionistas y
surgimiento de instituciones que se dirigieron al empleo formal, al sector
industrial (Aguilar, 1996; Gollás, 2003), la asistencia a familias en atención médica,
con la intención de atender riesgos y vulnerabilidades en una visión actual con
la ONU, en una visión del bienestar social (Informe Secretario General, 2001).
Lo anterior dibuja un mapa de múltiples
contrastes, destacando más bien un federalismo centralizado. Para lo que se
implementa una estrategia que legitima las relaciones y el ejercicio del poder
de una democracia más simulada que real, , generando una fuerte dependencia
política y económica, desde luego de una política social con pocos resultados a
través del tiempo, política social encaminada hacia el fortalecimiento de dos
sectores: la educación y la salud, cuyos beneficios se canalizan hacia los
centros urbanos, prototipos del desarrollo industrial de la época, situación
que agrava los niveles de desigualdad social.
2.
Discusión
sobre el papel del Estado en el desarrollo
En este contexto cobra mayor importancia
ver los retos del Estado, perspectiva
que varía en la acción de los gobiernos en turno, que hipotéticamente
diríamos en general, es de generar las políticas públicas que acerquen a la
población en general a la justicia, equidad, soberanía; las condiciones
materiales e ideológicas para ascender a niveles de calidad de vida mejores en
la población, alejar de la pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso
a la misma.
Sin embargo, como es natural las
visiones para lograr ello son distintas. Por ello la razón de exponer algunas
opiniones que intentan en un esfuerzo importante, plantear un análisis, opinión
y/o propuesta.
Por ejemplo, del partido político en el
poder, después de dos sexenios de estar en la oposición, al revisar sus principios,
se afirma que el Estado tiene la
obligación de crear y garantizar las condiciones económicas y sociales de
oportunidad y equidad para que todos los mexicanos accedan al bienestar pleno (Princ.
6). A través de la economía mixta, los propósitos de lucro individual se
subordinen a los fines de la sociedad; se satisfaga al mercado interno, al
mercado externo y se regule la especulación financiera. Impulsar la
reorientación de las políticas públicas que lesionen la economía de la sociedad
mexicana (Princ. 9). Para esto la participación ciudadana es elemento
indispensable de la democracia que junto a los partidos organicen a la sociedad
y traduzcan sus demandas en hechos (Princ. 11).
Que desde el marco del federalismo se construya
un nuevo modelo de desarrollo descentralizado, a través de un crecimiento
sostenido y equilibrado de la economía, que se apoye en los recursos,
vocaciones y potencialidades de cada región del país; Un modelo de desarrollo
regional, orientado a abatir rezagos, pobreza y marginación, con la invariable
participación de los habitantes de las entidades federativas y los municipios
(Princ. 31). Que al estar las luchas y reivindicaciones agrarias en el origen del Partido,
obliga a pronunciarse por reactivar el desarrollo rural, modernizar el campo,
impedir, mediante un orden constitucional, la creación de nuevas formas de
concentración de la tierra, cuando afecten el patrimonio de las clases agrarias
marginadas, y propiciar un desarrollo equilibrado de los sistemas de
producción, distribución y comercialización en beneficio de los productores del
país (Princ. 34).
La lucha al combate a la pobreza, es el
mayor desafío de la nueva sociedad a la que se aspira (Princ. 37). Desarrollo
sustentable, como resultado de la integración armónica a la naturaleza (Princ.
38).
Por el lado de la sociedad emerge, la
posición de impulsar las reformas que necesita México y no aquellas que la
derecha mexicana y los poderes fácticos han venido imponiendo. Es un objetivo
del recién constituido Frente Amplio Social (FAS) que agrupa varias
organizaciones de carácter plural.
En la constitución del FAS, en su
convocatoria se señala: Existe hoy en México una necesidad de profundas
reivindicaciones; la creación de las vías y formas para la participación
institucional de la sociedad civil en los asuntos del Estado y una aspiración
profunda y generalizada por el cambio de rumbo en el desarrollo nacional, para
alcanzar la paz, con justicia, dignidad y democracia. La experiencia de lucha
de los últimos años nos dice que hoy, los movimientos y las organizaciones
sociales de todo nuestro país locales, estatales y regionales deberían
articularse para construir un gran frente social capaz de detener la actual
política económica para lograr una mejoría gradual y sostenida de los niveles
de vida de la población que vive en situación de pobreza.
Aspiración que implica un cambio de
rumbo, uno de los grandes pendientes de nuestra transición. Sin embargo, dada
la ausencia de mayorías parlamentarias y la falta de acuerdos entre las fuerzas
políticas, dicha aspiración ha resultado inviable y frustrante. La pluralidad
política y la competencia entre los partidos políticos no se han traducido en
una mayor efectividad de nuestra democracia. Por ello, el diálogo social
aparece como el incentivo y el medio capaz de romper la inercia de la
partidocracia improductiva y de abrir el paso a las transformaciones urgentes
para el desarrollo económico y el avance hacia la justicia y la paz social.
Este diálogo debe involucrar a los poderes del Estado y a los partidos
políticos, pero también, y sobre todo, a los diversos actores de la sociedad
civil organizada.
Señalando en su Manifiesto: la búsqueda
por un nuevo pacto fiscal, Sistema de Seguridad Social de Cobertura Universal y
de Financiamiento Mixto, Democratización y Modernización del Mundo del Trabajo,
Programa Emergente para Impulsar la Soberanía Alimentaria y Reactivar el
Mercado Interno de Productos Agropecuarios y Pesqueros, Fortalecimiento de las
Empresas y Sectores de Carácter Estratégico, Educación Pública, Laica, Gratuita
y de Excelencia Académica en todos sus niveles.
Reforma de las Telecomunicaciones y
Medios Audiovisuales para acotar el poder manipulador de las televisoras,
diversificar, democratizar y mejorar la calidad de la oferta de contenidos,
fortalecer los medios de comunicación comunitarios y de instituciones públicas,
además de garantizar el derecho de acceso de toda la población a los servicios
de banda ancha e Internet mediante un Plan Nacional que contemple una mayor
participación del Estado en el sector.
Reforma Política Integral, no Criminalización
de la Protesta Social, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo impulsen un conjunto
de leyes y políticas públicas para reactivar al mercado interno.
Frente Amplio Social que velará por
desarrollar un intenso proceso que involucra a diversas organizaciones,
movimientos sociales e intelectuales a fin de construir los consensos y alianzas
estratégicas que sustenten su plataforma política y que consoliden un proyecto.
Este planteamiento está en la manifestación hecha el 31 de enero del 2013 en el
zócalo de la ciudad de México.
Sin embargo, el FAS como segmento
social, es sólo ejemplo de esa ciudadanía, que deberán hacer el esfuerzo de
presentar una agenda y propuestas, porque en él se encuentran problemas que
contienen un conflicto, una afectación por decisiones de Política Económica de
un gobierno que ejerció una visión de mercado alejado de lo social, bajo el
objetivo de lograr el equilibrio macroeconómico y de finanzas públicas, con
control de inflación. El reto es como lograr, restituir la presencia de un
Estado de economía mixta, bajo el dominio de esos poderes facticos que hicieron
posible la llegada del gobierno en turno. El reto es para todos, ha eso nos
enfrenta el futuro de país.
Nos dicen, se requiere de una reforma
hacendaria que sirva como detonador del cambio real, que descanse sobre un
amplio pacto fiscal y termine con la elusión y la evasión fiscal y con todos
tipo de privilegios; necesitamos una reforma de la seguridad social que tenga
un alcance universal, y queremos una auténtica reforma del mundo del trabajo
que democratice y modernice los sistemas productivos, destierre el
corporativismo, recupere la perspectiva de género y estimule la capacitación y
profesionalización del trabajador”. Agustín Rodríguez, secretario general del
STUNAM (Jornada, política, 12 noviembre 2012).
De la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Coalición de Organizaciones Democráticas
Urbanas y Campesinas (CODUC) que piden cambios en el “Pacto por México” y
demandan que se haga un cambio de modelo económico y político sustentado en la
participación de todos los actores sociales, fuerzas políticas y los tres
niveles de gobierno, además que las organizaciones campesinas e indígenas sean
incluidas en dicho acuerdo.
Afirmaron que "las condiciones del
país han sido satisfactorias sólo para un reducido número de productores y grandes
empresas agropecuarias", mientras que "para la mayoría de los
campesinos y productores con menor dotación de recursos se han profundizado sus
problemas".
Por ello, demandan cambiar "el
actual modelo económico y político, para que se sustente en sus propias
fortalezas y no en la exportación de petróleo crudo sin valor agregado, como ha
sido en el pasado, para lograr un desarrollo integral, sustentable y justo para
todos los mexicanos". (Milenio, Redacción, Viernes 1 de febrero de 2013 -
01:33:40)
Otros argumentos, nos parece importante traer,
recordar, lo que Monserrat y Chaves (2003) señalan del pasado inmediato (Tres
modelos de política económica en México durante los últimos sesenta años), de
que en los últimos sesenta años se han instrumentado tres estrategias
económicas denominadas “Desarrollo Estabilizador”, aplicada a mediados de los
años cuarenta hasta finales de los sesenta; “Desarrollo Compartido”,
instrumentada de inicio de la década de los setenta hasta inicio de los
ochenta; y “Crecimiento Hacia Fuera” o “Neoliberal”, de 1983 a la fecha.
Identificando
en cada una de ellas, una aplicación gradual y no necesariamente de forma
articulada o integralmente planeada, para dar respuesta a las necesidades
económicas y sociales de una población en continuo crecimiento. Los resultados
en cada uno es por demás señalar, que fueron bastante diferentes para la
sociedad:
Del
“Desarrollo Estabilizador” al crear una base industrial para incrementar la actividad de las otras ramas
económicas, promover el aumento de la productividad de la mano de obra, el ahorro
interno, la masa salarial y los salarios
reales. La ampliación del mercado interno para que junto a una base productiva exportadora,
se aleje de la dependencia y con producto primario (agropecuarios, mineros,
extracción de petróleo crudo, piscícolas y frutícolas, etc.), obtener las
divisas que el país precisaba para su modernización, dado que la variación de los
precios, además de erráticos, mostraban una clara tendencia a la baja en los
términos de intercambio con respecto a los bienes industriales (es decir, cada
vez era necesario exportar mayor volumen de bienes para obtener la misma
cantidad de divisas o importaciones industriales). Una condición sine qua non
para la urbanización del país y, a través de ello, proporcionar mayores y
mejores servicios asistenciales a la población (salud, educación,
electrificación, agua potable, entre otros).
Aunque
en este momento se observo que el México rural obstaculizaba el aprovechamiento
de los recursos productivos, frenaba el desarrollo del mercado interno y
limitaba la capacidad de generación del ahorro interno y de los recursos
fiscales al encontrarse desligado de las corrientes comerciales, financieras y
tributarias del país. Ello ubico a las políticas públicas en apoyo para alcanzar
dichos resultados, las del campo fiscal, monetario, comercial, salarial,
agropecuario y de fomento a la inversión extranjera.
El
“Desarrollo Compartido”, cuando la economía nacional mostro signos de
debilitamiento en sus tasas de crecimiento (1968-1972), manteniendo sin
modificaciones relevantes la política comercial, salarial, agropecuaria y de
fomento a la inversión extranjera y transformando de manera radical la política
fiscal y monetaria, con el propósito de que el eje de la inversión nacional lo
ejerciera el sector público. Sobre todo al aparecer los ingresos de la
explotación y producción de los yacimientos petroleros, descubiertos a inicios
de la década de los setenta, buscando además financiar la inversión en
infraestructura productiva, creación de plantas productoras de bienes de
capital, y la ampliación de la cobertura de seguridad social a todo el país,
todo bajo un esquema salarial que permitiera su crecimiento real.
El
gasto público fue así el motor del crecimiento económico en dicho periodo, no
obstante, los mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y de la
recaudación generada por el crecimiento económico del país fueron insuficientes
para financiar la expansión, en razón de ello se empleó una política monetaria expansiva
y se contrataron importantes montos de deuda pública externa, como forma de
financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo
del periodo.
El
“Crecimiento Hacia Fuera” o “Neoliberal” (Thatcher-Reagan), planteó la
necesidad de adoptar una nueva estrategia encaminada a generar las condiciones
que impulsaran el crecimiento auto sostenido de la economía mexicana, ante ello
debían corregirse las limitaciones que generó el esquema anterior en materia de
concentración de la riqueza, ineficiencia productiva, sesgo anti exportador y
baja capacidad de ahorro interno. En el nuevo modelo se propuso otorgar un
papel protagónico al mercado en la asignación de los recursos, incrementar la
participación de los agentes privados en las decisiones económicas e
incorporarse a la creciente integración económica mundial, con el propósito de
mejorar la eficiencia y competitividad de la planta productiva nacional.
Indispensable
desde entonces la visión de reforzar los vínculos comerciales con los EUA,
tomando en cuenta que esta economía, además de ser la más grande del mundo,
mantendría esa posición a lo largo de las próximas décadas, por lo que su peso
específico en materia de intercambio comercial y de capitales es sumamente
elevado a nivel mundial.
En
el nuevo milenio, con la alternancia política, en los sexenios del PAN, se sumo
la instrumentación de una nueva estrategia, definiendo dos vertientes que se
complementarían entre sí y sobre las cuales se actuaría en forma simultánea: a)
la estabilización macroeconómica, b) la modernización de la economía nacional,
dentro de la primera el control inflacionario. Es decir se orientó básicamente
a reducir la inflación y a corregir los precios relativos, contener la demanda
agregada, para lo cual se buscó reducir el gasto público e incrementar los
ingresos, además de que se procuró moderar el crecimiento salarial y fomentar
el ahorro interno. Asimismo, se propuso ajustar la paridad cambiaria en sus
niveles reales, y desalentar así las importaciones y reducir los desequilibrios
en el comercio exterior.
Sobre
todo el combate a la inflación se definió desde mediados de la década de 1990, como
un factor fundamental para la corrección de las finanzas públicas, al identificarse
que el origen del crecimiento de los precios era el elevado déficit fiscal que
propiciaba un consumo por encima de las posibilidades reales del aparato
productivo nacional, dando lugar a presiones sobre la oferta interna y al
crecimiento de las importaciones sin una contraparte exportadora. Esto generaba
desequilibrios en materia de comercio exterior y promovía un creciente
endeudamiento externo, que al encarecerse, conducía a devaluaciones que
repercutían en mayores tasas inflacionarias.
Igualmente,
al demandar recursos crediticios internos para su financiamiento, el déficit
público provocaba el alza de las tasas de interés y restringía el acceso de las
empresas productivas al mercado financiero, afectándose de esta forma el
crecimiento de la oferta de bienes y servicios, provocando una elevación de
precios cuando su financiamiento se llevaba a cabo mediante la emisión de
circulante.
Así,
posterior a la crisis de 1994-1995, la política monetaria se modifico varias
veces, para hacerla más efectiva y transparente. Ello la condujo hacia lo que
se denomino como “objetivos de inflación” o metas: estabilidad de precios, bajo
la autonomía del banco central, el dar a conocer los objetivos de inflación de
mediano plazo. Tomando en cuenta lo anterior, se regresó al esquema
estabilizador en materia de política fiscal y monetaria, pero se rompió
drásticamente con la política de protección comercial, de control de tipo de
cambio, de excesiva regulación a la inversión extranjera, de salarios y de
precios agropecuarios.
Finalmente en la primera década del
nuevo milenio, al no mejorar las condiciones para una mejora en la calidad y
nivel de vida de las mayorías, apareciendo el aumento de la delincuencia
organizada, la que marca el segundo sexenio panista con una carga de más de 70
mil muertos en esa lucha; determina varias expresiones y manifestaciones de un
cambio necesario, a lo que no se escucho. Hasta que en el Senado se promueve el foro México
ante la crisis (Ene-Feb., 2009) ¿qué hacer para crecer? Donde un tiempo
después, un grupo de trabajo patrocinado por la UNAM, después de un análisis,
efectúa una serie de propuestas con la intensión de ir más allá del debate:
1.
Se obtiene una visión de conjunto de la
crisis global e impacto en la economía mexicana;
2.
Un análisis crítico de la política
económica y alternativas.
3.
Se obtiene la convicción, de que la
emergencia no se ha superado, por ello la necesidad de una política contracíclica,
conectada con la transformación del modelo de desarrollo, las bases de diseño
para otro curso de nación.
4.
Se considera que el problema de la
economía no es el déficit circunstancial de las finanzas públicas, sino la
permanencia de una estrategia que ha inducido al desmantelamiento del aparato
productivo y en consecuencia la perpetúa desigualdad.
5.
Por ello, la necesidad de una
articulación de enfoque integral en las propuestas fiscal, social y laboral.
6.
La creación de un Consejo Económico y
Social.
7.
Y tomando en cuenta las experiencias de
recuperación económica en el orden internacional, se gesta la propuesta de
revalorar el papel del Estado en la economía, teniendo en cuenta para ello, la
necesidad de un amplio y efectivo régimen de protección social y un Estado
fuerte que rinda cuentas. Esto permitirá el funcionamiento de los mercados y el
crecimiento en la economía.
8.
En el conjunto de propuestas, se
menciona, se atendió la factibilidad, consistencia y congruencia de las mismas;
las orientadas a la coyuntura de la crisis y las dirigidas a los problemas
estructurales de la economía mexicana.
3. Economía política: un apunte necesario
Recordar
el devenir, el origen del modo de producción para obtener la ganancia, el
origen del actual régimen económico parecería ocioso. Sobre todo sí lo
observamos como algo natural, que está desde que uno toma conciencia de la
sociedad en la que se vive.
La
importancia de ello reside, en que se identifica que el modo de producción del
capital también es sujeto de cambio; sólo que desde la perspectiva de la
evolución del sujeto en sociedad. De la visión de producir para generar un
valor agregado pero en beneficio del individuo en una perspectiva de sus
necesidades inmediatas en alimentación, salud, educación, vivienda y no sólo en
una finalidad exclusiva de producir para el mercado para obtener más valor.
Por
eso es que proponemos observar al modo de producción del capital, en producir para obtener un valor que se
incrementa en el proceso de compra venta de las mercancías, pero como un
proceso que se dirige a que el sujeto obtenga primordialmente las cosas necesarias
para su sobrevivencia humana y social. En el mismo sentido A. Smith lo
proponía, una vez satisfechos las necesidades de alimentación en el país,
proseguir en las demás actividades productivas. 2 /
Ello
puede realizarse sí la distribución de la riqueza generada, es más justa hacia
la participación de la mano de obra, que visto desde la economía
keynesiana, genera mayor empleo
(tendencia al pleno empleo) de los factores de la producción, crecimiento del
mercado interno y externo, pero que no provoque inflación.
Superar
la concepción de que el pago justo y natural por utilizar y arriesgar el
capital, de pagar al asalariado no lo que él genera como riqueza, sino sólo lo
que le permita existir como ser humano (W. Petty -1623-1687), de donde emana la
ganancia en el proceso de producción capitalista, donde se extrae de ambos la
parte del tributo para la existencia y permanencia del estado y su aparato de
gobierno.
Que
como sabemos, al asalariado se le extrae además del valor inpago, el tributo
hacia el gobierno, tributo que se destina para que el mismo reciba la
protección del Estado y servicios públicos. Tributo colectivo que sirva para
obtener lo que en lo individual no le es posible, debido a que su ingreso, el
pago individual no le alcanza para obtener aquello que le permita su existencia
humana y social. Diríamos aquí reside el origen de la política social, que se
ve al inicio como asistencia, protección social. Respuesta que los gobiernos en
tiempos de efervescencia social, desde el movimiento obrero, en tiempos y
países distintos se da como respuesta a los mismos (Rueda, 2007).
Sabemos que el pensamiento de los dueños
de capital difícilmente transitarían hacia lo aquí plantado, por su búsqueda
incansable de continuar, incrementar la reproducción de su capital, inyectando
a las venas de la producción todas las formas posibles para ello (plusvalía
absoluta y relativa), proceso en que sus aliados o representantes en el ámbito
del marco jurídico y del pensamiento económico adoptan y adaptan lo conducente,
la ciencia económica que justifica y legitima el hecho, porque así se va
construyendo el paradigma clásico, la teoría del capital (teoría de la
utilidad, marginal o neoclásica, escuelas teóricas en Alemania), incluso el
marxismo y socialismo en su crítica social. Que en los inicios del siglo XX se define,
apoya lo que se considera la ciencia económica sustituyendo a la economía
política, y que algunos la subdividen en economía positiva y normativa (Keynes
– M. Friedman (2003)), que da cuenta de lo que es y lo que debe ser, para
continuar apoyando el proceso de producción del capital con nuevas condiciones materiales e ideológicas,
pero que al vivir la segunda guerra mundial, diríamos vuelve a retomarse la
faceta social hasta los inicios de la década de 1980 en lo general en mundo, el
Estado de Bienestar, que devenía de la Alemania de Bismark (1815-1898).
Ahora en los tiempos actuales (2013), de
resultados adversos en lo social de la economía positiva (neoliberal,
neoclásica, de énfasis monetaria), trayendo el transitar de crisis diversas por
su origen, de crisis locales y globales, desde el último tercio del siglo XX, la
política económica como acción del Estado, del gobierno en turno; Desde una
economía política, de nueva cuenta, no puede considerarse sin enlazarlo con el
fin común en el país, porque no puede pensarse en un Estado absolutista con su
burguesía o Estado Capitalista democrático que no sirve más que “elegir a los
representantes de la ciudadanía”, pero que en sus acciones no le beneficia para
elevar su nivel y calidad de vida. Más bien continua como desde el inicio del
capital, sin más, generando riqueza sin una mejor distribución entre los
sujetos que la generan. Porque su concentración sigue provocando mayor pobreza
y crisis social como antes.
Más cuando el modelo económico
keynesiano, que enfoca al gasto público para lograr el pleno empleo, se
sustituye por el modelo neoliberal, a partir de la década de los ochenta, que como
lo hemos vivido, ha pugnado por un retiro casi total de la participación del
Estado en la economía.
Porque desde su visión, el otorgamiento
de subsidios, favorece a ciertos grupos productivos, distorsionando los
mecanismos del mercado, beneficios que no lograban llegar a los más pobres,
sino a las clases media y alta. Según esta perspectiva, el Estado sólo debe
ayudar a los pobres extremos, mejorando su nivel de vida, con base a educación,
salud y nutrición para que, una vez logrado dicho propósito, puedan participar
en el mercado, lo que no se ha cumplido. Argumento que se sostiene en una política
social actual.
En este punto, Araceli Damián (2010) nos
dice: La crisis sucesivas desde los ochenta y ajustes estructurales elevaron la
pobreza urbana más rápidamente que la rural, debido a que la población de las
ciudades depende en mayor grado del ingreso por trabajo, como mecanismo para
frenar la inflación; Además, la mayor pérdida de empleos ocurrió en las
ciudades y amplios sectores de su población, que habían alcanzado mínimos
aceptables de satisfacción de sus necesidades básicas, lo que continuo hasta
con la presidencia panista de Fox (y nosotros ampliamos hasta con Calderón),
aun cuando el modelo ya había sido ampliamente criticado (Calva, 2003;
Stiglitz, 1998, 2002 y 2003).
Por eso coincidimos con Cuevas Moreno
(2009), desde la economía política, la política económica tiene que imprimir un
carácter más social. “Incluso desde el pensamiento de la economía clásica, la
Ética se hace indispensable. Porque la historia del pensamiento económico
demuestra el alejamiento de la economía de las cuestiones morales a favor de la
constitución de la ciencia exacta. Cuando al contrario, la moral no es un
componente accesorio de la economía sino un componente esencial. Por lo tanto,
a partir de Sen (1986) y Hirschman (1997) se puede decir que la integración de
la moral a la ciencia económica posibilitará enfrentar y resolver de manera
consecuente problemas como la justicia social, el desempleo, la pobreza y el
bienestar”.
En este sentido la oportunidad se puede
dar en el Pacto por México, desde el Estado, la democratización de la economía
y la política, para nosotros desde la economía política, los derechos sociales
y participación ciudadana en la producción y las políticas públicas.
4.
Recomendación, Sugerencia, Propuesta a Construir
Desde esta perspectiva entonces ¿Cómo se
logra impactar de manera efectiva en el país una disminución de la desigualdad
y pobreza? El origen del capital, la evidencia actual nos dice que ello ha
estado lejos de ser realidad en México.
Según el Colegio Nacional de Economistas:
al estar presente ante la desigual distribución del ingreso, la baja en el empleo,
el subempleo, desigualdad regional y desigualdad sectorial 3/. El cambio, un
modelo alternativo de nación, tiene que tomar en cuenta la promoción de la
actividad productiva, diríamos, desde la sociedad, - como factor de producción
ya lo hace las empresas -, porque sólo desde la población por sus acciones
podrá superar la pobreza, ejemplo de ello es el tamaño de la economía informal
(29.2% de la población ocupada al final del 2012, trabajadores por cuenta propia
–INEGI) ante el crecimiento del desempleo (5.2% de la PEA al inicio del 2013).
Esta es una cuestión a tomar en cuenta, cuando
se señala que la participación ciudadana como actores fundamentales en el
diseño, la ejecución y evaluación de las políticas públicas, es el tercer eje
del proceso de democratización del país, que se suscribe en el Pacto por México.
Sobre todo sí con este pacto se resuelve
momentáneamente, el que no exista una fuerza política, que por sí misma imponga
su visión, por ende las reformas que según su perspectiva se requieren: Seguridad
social universal, combate a la pobreza, educación de calidad, cultura, derechos
humanos, crecimiento económico, empleo, competitividad de los mercados, acceso
equitativo a las telecomunicaciones de clase mundial, la ciencia y la
tecnología, desarrollo sustentable, reforma energética para que se constituya
en motor de inversión y desarrollo, minería como industria eficiente y
socialmente responsable, la banca de desarrollo y crédito como palanca de desarrollo
de los hogares y empresas, transformación del campo en productivo, el
desarrollo del sur-sureste, deuda de los Estados, reforma hacendaria, seguridad
y justicia, prevención y participación ciudadana, reforma policial, sistema de
justicia penal –acusatorio y oral,, un código penal único en el país, sistema
penitenciario, trasparencia - rendición de cuentas – combate a la corrupción,
reforma rendición de cuentas contable, reforma del IFAI, sistema nacional
contra la corrupción, gobernabilidad democrática, gobiernos de coalición, toma
de protesta presidencial, partidos políticos y elecciones, reforma del Distrito
Federal, revisión de fueros, leyes reglamentarias de reforma política, reelección de legisladores, medios de
comunicación (Pacto por México).
¿Realmente se está dispuesto a ceder por
el gobierno, a que la ciudadanía participe? Sobre todo en aquello que le
repercute o le beneficia directamente y con ello reactivar el mercado interno:
el fomento al crédito, las forma de impulsar la actividad productiva en el
campo y se genere el alimento que el país requiere bajando la importación,
resolviendo o apoyando sobre su almacenaje, comercialización y transporte; en
el mismo sentido de un apoyo para la generación de las mipymes real, los
enlaces hacia atrás y hacia adelante.
Nuestro apunte señala, no el regreso de
políticas keynesianas, sino un modelo de desarrollo que promueva la
satisfacción de necesidades, la elevación de la calidad de vida, a través del
empleo y apoyo a grupos vulnerables. Empleo asalariado, la recuperación
progresiva de su poder adquisitivo, el empleo a través de emprender la
actividad productiva al mercado o al consumo mediante el apoyo
significativamente mayor por el gobierno en sus tres niveles, recalificándolos en las virtudes administrativas,
ampliándose la posibilidad productiva en el ámbito de la economía social.
En esto esta los cambios necesarios y
suficientes para que el crecimiento económico sea una realidad, e impulse el
desarrollo sustentable y sostenible a largo plazo al país. Realidad cercana, sólo
posible sí los ejes en la economía se construyen y apoyan al crecimiento
económico, dos de ellos puede estar en la explotación del petróleo y la ampliación en la
promoción del turismo, diríamos en todos los municipios.
Sobre el primero se requiere la
imperiosa necesidad de realizar una reflexión sobre el rumbo de la extracción y
producción de derivados del petróleo, las energías alternativas, salvaguardando
la soberanía. Esperando que ello este en la Estrategia Nacional de Energía (ENE)
2013-2027, entregada al Senado por el Ejecutivo Federal. Para lo que se
requiere la colaboración de la iniciativa privada, pero también de la
ciudadanía por lo que representa para todos los mexicanos.
En lo segundo, impulsar al sector
turístico en todo el país y no sólo en las áreas tradicionales debido a su
efecto multiplicador y a su importancia en el PIB, mismo que es cercano al 8%,
pudiendo aumentar aún más.
De ser así ¿Cómo puede participar la
ciudadanía?
Requerimos por lo pronto, como
ciudadanos, entender esas políticas públicas, para apoyar las diferentes
disposiciones legales aprobadas en el congreso y publicadas para su aplicación,
como lo es el derecho a la salud, a la alimentación, que se suma a otros de
origen a la creación de nuestra ley suprema, como lo es la educación, su
reforma necesaria iniciada en espera de cambios en la ley secundaria, para que
se transforme de forma real en el eje transformador, tomando en cuenta a
quienes ejercen la misma desde abajo, al tener la relación directa con el
educado, porque la forma también es fondo.
Participación en el ámbito legislativo,
no sólo en la creación de leyes afines, sino una vez aprobadas, el seguimiento
para que las mismas sean una realidad y
beneficie a la población objetivo.
Las formas de organización
gubernamental, para lograr una mayor efectividad para los objetivos del “Plan
de Desarrollo”, “El Pacto por México”, comisiones en la que las Secretarias de
Estado participen en ello, ahora en el ámbito legislativo al requerirse primero
los cambios estructurales para otro funcionamiento en la economía. Aquí la
importancia de la participación ciudadana, pero de forma ordenada.
Para ello, existen diversas experiencias
en torno a un Observatorio Ciudadano con participación del ámbito gubernamental,
en comunicación directa, para nuestro caso, con el Ejecutivo Federal, con el
fin de recibir la información suficiente para ejercer la evaluación, recomendar
y observar las medidas correctivas a realizar de inmediato en coordinación con
las instancias responsables, de acuerdo a los objetivos, programas y
responsables. Su incorporación progresiva a las decisiones nacionales abonara esa
respuesta social que requiere el modelo de desarrollo en el presente y futuro,
la prospectiva con presencia social necesaria para el país.
Tener la relación formal con
instituciones educativas, de investigación nacional e internacional que apoyen
en la elaboración de proyectos y su aplicación para resolver los problemas (locales,
estatales, regionales, nacionales), sugerir, definir las estrategias respectivas.
Siendo su primer objetivo para el largo
plazo, de proponer el Consejo Social y Económico en el país, para que observe
la labor social y económica como sistema.
Promover foros para examinar las diversas
cuestiones de carácter económico y social, la formulación de recomendaciones
normativas, su función fundamental en el fomento productivo que toma en cuenta
el marco social, la cuestión internacional
para el desarrollo. Realice consultas con organizaciones no gubernamentales
(ONGs) y de ese modo mantener un vínculo vital entre el gobierno, el Consejo
Económico y Social con la sociedad civil.
Por eso, la integración del Consejo
Económico y Social, su permanencia, elección, organización, recursos humanos y
materiales necesarios; celebración de sesiones que examine temas importantes sobre
cuestiones económicas, sociales y de índole humanitaria.
Los órganos subsidiarios del Consejo para
que se reúnan periódicamente y presentan informes. Por ejemplo, en Comisiones de
Derechos, de Desarrollo social, desarrollo económico, la situación de la mujer,
la prevención del delito, las drogas o la protección del medio ambiente. Comisiones
regionales que observen la promoción del desarrollo económico y la cooperación
en sus respectivas regiones.
Entre los trabajos que han impulsado la propuesta de forma más concreta
esta la de Mateo (miembro del Centro de
Estudios Estratégicos Naionales A. C.) que señala:
EL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL MEXICANO
ANTECEDENTES
En el Mundo
hay más de 65 Consejos Económicos y Sociales.
Entre otros la ONU cuenta con el ECOSOC, la Unión Europea con el Consejo
Económico y Social, la Cumbre Iberoamericana tiene como mandato la formación de
un CES en la región para impulsar el
Dialogo Social. Con estas instancias de práctica de relaciones multilaterales
México tiene compromisos y acuerdos y el no contar con una contraparte similar
queda en situación de desventaja. Estos
consejos posibilitan el Dialogo Social y son instrumentos de democracia
participativa que fortalecen la gobernabilidad democrática pues
complementan los espacios de democracia
representativa y directa, permitiendo la participación de la sociedad civil en
la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. La institucionalización no corporativa de la
participación de la sociedad civil es
una necesidad imperiosa ya que en el
país prevalecen prácticas de centralización de la toma de decisiones en el
entorno de un sistema presidencial que se sigue alimentando de formas
corporativas, autoritarias y excluyentes
para gobernar y que los avances en lo electoral y la alternancia partidista en
la Presidencia de la República no han logrado erradicar. La transición económica y política de la
Nación demanda que se construyan espacios de inclusión y participación social
que abran terrenos de deliberación, consulta, acuerdos y propuestas no
gubernamentales ni partidistas, que
pongan énfasis en el largo plazo y en una visión global de interés común.
CARACTERÍSTICAS
Es un
organismo del Estado de carácter consultivo, con autonomía técnica y de
gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios. Tendrá la representación de sectores social y
privados para emitir los informes, opiniones, recomendaciones y dictámenes, en
materia económica y social. El gobierno no participa. Se establece su reconocimiento entre otros en
los artículos 25 y 26 Constitucionales, particularmente se hace énfasis en el
26 que tiene que ver con la planeación económica para lo cual además se está
considerando en la iniciativa varias modificaciones a esta Ley para su
perfeccionamiento. Su constitución se
basará en los principios de inclusión, diversidad y democracia, privilegiando
para los acuerdos el procedimiento de consenso.
REPRESENTACIÓN
El Consejo
Económico y Social estará integrado por
210 Consejeras y Consejeros además de los 14 miembros del Comité
Directivo. En su totalidad los consejeros y los miembros de la Comité
Directivo, integrarán la Asamblea General del Consejo. El Consejo tendrá una Junta de Gobierno
compuesta por catorce miembros, el presidente del Consejo fungirá como
Presidente de ésta; nueve serán propuestos por los sectores integrantes del
Consejo, tres cada uno de ellos a la Cámara de Diputados para su ratificación.
El Secretario Ejecutivo, los tres Vicepresidentes Sectoriales serán parte de ésta Junta. De las Consejeras y Consejeros, Setenta serán
representativos de organizaciones empresariales industriales, agrícolas y de servicios,
nacionales. Setenta serán representativos de organizaciones nacionales de
trabajadores industriales, de los servicios,
agropecuarios, pesqueros y del campo y Setenta serán representativos de
organizaciones de la sociedad civil organizada, asociaciones de profesionistas,
de consumidores, ambientalistas, de equidad de género, indígenas, emigrantes,
derechos humanos, educación, salud, niñas y niños, democracia, comunicación, desarrollo urbano,
alimentación y desarrollo productivo. El
Consejo Económico y Social contará con el asesoramiento profesional de 25
especialistas en temas socioeconómicos.
La
participación de todos los miembros del Consejo tendrá carácter honorífico, con
excepción de los miembros de la Junta de Gobierno y el grupo de especialistas
señalados, quienes, junto con el
personal de apoyo que resulte indispensable, disfrutarán de los
emolumentos y prestaciones que se autoricen para el organismo en su
presupuesto, el cual deberá permitir la
realización eficiente de las actividades esenciales del Consejo.
LAS
COMISIONES
Para
cumplir con los objetivos del Consejo este
organizará Comisiones de Trabajo
de acuerdo con su programa anual de actividades y en correspondencia a los
sectores, cadenas y regiones productivas que componen la economía nacional y en
razón de temas relevantes de la problemática social y de las consultas tanto
del Ejecutivo Federal como del Congreso de la Unión. Dichas comisiones serán responsables de
analizar y resolver los asuntos que le sean turnados por la Asamblea General
del Consejo por conducto del Presidente así como presentar los dictámenes a la
Asamblea General del Consejo para su
aprobación. ELECCIÓN DEL PRIMER CONSEJO
En artículo
transitorio de la iniciativa de Ley del CES,
se específica la obligación de la Cámara de Diputados de convocar a los
sectores para que propongan candidatos para la elección de los miembros del
primer Comité Directivo para que
posteriormente estos hagan la convocatoria para el nombramiento de los
consejeros de la Primera Asamblea General del Consejo. La Asamblea General del Consejo aprobará el
reglamento de la Ley que crea el CES.
FACULTADES
Organismo
Autónomo Obligatoriedad de consulta, tanto del Ejecutivo Federal como del
Congreso de la Unión Facultad de
Iniciativa de Leyes Resoluciones Vinculatorias Derecho de Controversia
Constitucional
LOS RIESGOS
Que no se
constituya con representación real
Que se
corporativice
Que sea
tomado por uno de los sectores
Que se
sobre politice
Que se
burocratice
Propuesta que
como observamos puede ser acabada por lo todo aquel participante interesado en
la creación del Consejo Económico y Social.
Notas
*
Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Administrativas y Sociales A. C. y
del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales A. C. ceenmexico@gmail.com
1/ citado en Cabrero E. (2003).
2/ Así como por naturaleza, el sustento
es primero que las comodidades y el lujo, así la actividad económica que
proporciona satisfacción, al primero habrá de ser necesariamente preferida a la
que surte el segundo. Smith, A. La
Riqueza de las Naciones, libro tercero, capítulo I: del progreso natural de la
opulencia, p. 340.
3/ XIX Congreso Nacional de Economistas,
“El reto de la pobreza y la desigualdad: Una nueva política social”, 1-3 de
marzo 2012, Puebla, Puebla.
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